Los jueces del TOF 2 dispusieron que los hijos de Cristina sean escuchados antes de proceder a la ejecución de las propiedades que están en el ojo judicial dentro de la causa Vialidad.

En una decisión que alivia momentáneamente la ejecución del patrimonio de Cristina Kirchner, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió que Máximo y Florencia deberán expresar su posición antes de que los bienes en cuestión sean embargados o transferidos. 

Los bienes bajo evaluación incluyen, entre otros, complejos inmobiliarios, hoteles y terrenos situados en distintas provincias. Según los documentos del expediente, muchas de estas propiedades fueron cedidas en 2016 a sus hijos, lo que profundiza el vínculo familiar con el caso. 

La medida apunta a preservar garantías procesales y evitar decisiones que podrían ser impugnadas por falta de audiencias previas. Para los jueces, proceder sin dar lugar al descargo podría abrir grietas en la legalidad del proceso. 

En el plano político, la inclusión de Máximo y Florencia en el reclamo judicial ya suscitó críticas por parte del kirchnerismo, que ve el movimiento como un intento de desgaste simbólico contra su núcleo familiar.