Un contratista y tres funcionarios del Consejo Escolar fueron imputados por defraudación, falsificación de documentos y suministro de agua no apta para consumo.

El Ministerio Público Fiscal avanzó en la causa que indaga la provisión de agua contaminada en tres establecimientos educativos del polo de Mar del Sud, en el partido de General Alvarado. El fiscal federal Carlos Martínez formalizó la imputación contra cuatro personas, acusadas de delitos vinculados a defraudación y falsedad documental.

Según la investigación, el contratista a cargo de certificar la potabilidad habría presentado más de un centenar de informes falsos, avalando agua no apta para el consumo. Esta maniobra derivó en que durante meses los estudiantes y el personal escolar estuvieran expuestos a un riesgo sanitario.

La acusación también alcanza a la presidenta, vicepresidenta y tesorero del Consejo Escolar, señalados por incumplimiento de deberes y participación en la utilización de documentación irregular.

En la audiencia, la fiscalía solicitó al juez medidas cautelares: la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el impedimento de acercarse a menos de 500 metros del polo educativo de Mar del Sud por un plazo de 180 días.