Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a solicitar al Tribunal Oral Federal 2 que se concrete la ejecución patrimonial contra Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner. La medida busca recuperar activos incorporados durante el período investigado entre 2003 y 2015. El monto total del decomiso asciende a más de 685 mil millones de pesos.

En un dictamen presentado ante el Tribunal Oral Federal 2, los fiscales insistieron en que debe cumplirse sin demoras la ejecución de los bienes embargados en el marco de la causa Vialidad. Señalaron que los fondos y propiedades en cuestión fueron incorporados al patrimonio familiar durante los años en los que se verificó la maniobra de defraudación al Estado.

La presentación reafirma que el decomiso tiene por objetivo recuperar recursos públicos y destinarlos a obras e inversiones de carácter social. Los bienes identificados incluyen hoteles, complejos inmobiliarios y terrenos ubicados principalmente en Santa Cruz y Buenos Aires.

El Ministerio Público Fiscal remarcó que el cumplimiento de la sentencia confirmada por la Corte Suprema “no puede depender de la voluntad de los condenados”. La ex presidenta, que cumple arresto domiciliario, mantiene su oposición a la medida mientras el tribunal analiza los pasos para concretar la ejecución patrimonial.