Tras el vencimiento del plazo para devolver el dinero, los fiscales exigieron avanzar sin demoras sobre veinte propiedades de la familia Kirchner, entre ellas hoteles y complejos inmobiliarios. El dictamen, al que accedió Clarín, denuncia una maniobra de resistencia activa para evitar la ejecución de la sentencia firme.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 el remate inmediato de veinte bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner. La petición se dio ante la falta de pago de los $685.000 millones que los condenados deberán devolver al Estado, en el marco de la causa Vialidad. Para el Ministerio Público Fiscal, existe una “resistencia manifiesta” a cumplir con la sentencia firme, lo que obliga a activar sin más dilaciones la ejecución patrimonial.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por administración fraudulenta en junio pasado, lo que habilitó la recuperación de bienes que, según los fiscales, fueron incorporados al patrimonio familiar durante los años en que se ejecutó la maniobra delictiva de 2003 a 2015. Se incluyen propiedades como hoteles, casas, terrenos y departamentos, muchos vinculados a operaciones comerciales con el empresario Lázaro Báez, también condenado en esta causa.

La defensa de la ex presidenta alegó persecución política y sostuvo que los bienes tienen origen legítimo. Además, afirmó que ni Máximo ni Florencia Kirchner tuvieron participación directa en los hechos. Sin embargo, los fiscales refutaron esos argumentos, recordando que Máximo firmaba cheques de Hotesur y que el contador Víctor Manzanares, procesado por lavado— intervino en la adquisición de varios de los bienes cuestionados.

En su dictamen, Luciani y Mola remarcaron que el objetivo del decomiso no es solo económico, sino también simbólico: “desterrar la impunidad de los corruptos” y “reparar el daño causado a la sociedad”. Afirmaron que el incumplimiento del pago obliga al Estado a emplear todos los medios legales disponibles para recuperar activos de la corrupción y destinarlos a fines públicos como salud, educación e infraestructura.