La gestión actual eliminó mediante resolución el dispositivo presupuestario que permitía otorgar viajes sin costo a personas con discapacidad e infantes bajo tratamiento oncológico en el sistema de transporte público. La decisión se fundamenta en una evaluación crítica de la viabilidad de los esquemas precedentes.

El Gobierno sostiene que a pesar de la derogación del fondo, el derecho fundamental a la gratuidad subsiste y permanece como obligación del Estado. Sin embargo, desde la administración se afirma que las asignaciones previas no presentaban sustento económico suficiente para justificar su continuidad.

La medida se alinea con el programa de reordenamiento fiscal que impulsa el Ejecutivo Nacional. Funcionarios responsables del área de Hacienda han indicado que era necesario revisar estructuras de subsidio que, en su perspectiva, no cumplían con criterios de eficiencia.

La ausencia de un mecanismo financiero específico podría generar complicaciones en la implementación práctica del beneficio, advierten expertos en administración pública. Sin claridad sobre quién financiará estas prestaciones, transportistas podrían enfrentar dificultades operativas.

Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a personas con discapacidad y familias afectadas por el cáncer infantil aún no han difundido sus posiciones formales respecto de esta medida. Se anticipa que en breve surgirán reacciones desde estos sectores, potencialmente críticas con la derogación.

Imagen: Shalom de León / Unsplash – Con informacion de La Nación