Bajo la modalidad de «Becas Plan de Capacitación Sanitaria», miles de trabajadores denuncian la precarización laboral por parte del gobierno de Kicillof. Perciben salarios de entre 450 mil y 700 mil pesos mientras carecen de aportes jubilatorios, cobertura de ART, aguinaldo y estabilidad laboral.

La sostenibilidad del sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis estructural que, lejos de las luces de la gestión oficial, se sostiene sobre un esquema de informalidad laboral masivo. Miles de enfermeros, administrativos, personal de limpieza y seguridad, esenciales para la operatividad de los hospitales públicos, cumplen funciones críticas bajo la modalidad de «Becas Plan de Capacitación Sanitaria», una figura que, tras años de vigencia, ha sido denunciada por los trabajadores y diversos sectores como un mecanismo de precarización encubierta por parte del gobierno bonaerense.

A pesar de que el nombre del programa sugiere una instancia formativa transitoria, los trabajadores afectados sostienen jornadas laborales completas durante periodos que, en muchos casos, superan los cinco años, lo que desvirtúa totalmente su propósito original. La gravedad de esta situación radica en que esta figura contractual priva a los trabajadores de los derechos laborales fundamentales: carecen de aportes jubilatorios, cobertura de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, aguinaldos y garantías de estabilidad, manteniéndolos en un estado de vulnerabilidad permanente.

La realidad salarial es igualmente crítica, ya que perciben ingresos que oscilan entre los 450.000 y los 700.000 pesos, una remuneración que los obliga a recurrir a préstamos personales para solventar gastos básicos, tal como lo demuestran los recibos de sueldo aportados por los afectados. El impacto humano de este esquema queda sintetizado en el testimonio de quienes integran el sistema, para quienes cargar la tarjeta SUBE para ir a trabajar se ha vuelto una elección difícil frente a la necesidad de comer o pagar servicios básicos.

Esta precarización no solo se manifiesta en lo económico, sino que se ve agravada por denuncias de persecución laboral, donde el miedo a la pérdida de la beca actúa como un mecanismo de disciplinamiento que impide cualquier reclamo colectivo formal. Mientras el gobierno provincial continúa promocionando su gestión en salud, la realidad operativa de los hospitales públicos expone una brecha creciente entre el discurso oficial y la desprotección de quienes, con su trabajo diario, sostienen la estructura sanitaria bonaerense.