En Santo Tomé, las autoridades investigaron una denuncia de sustracción masiva de hacienda presentada por una mujer, pero hallaron que todo era una falsa acusación destinada a camuflar un negocio ilícito de ganado. La Policía Rural e inspectores judiciales realizaron verificaciones que probaron la inexistencia del robo.

Los drones fueron la herramienta decisiva. Los sobrevuelos permitieron relevar la zona denunciada sin dejar margen para dudas. Las imágenes aéreas no mostraban signos compatibles con un abigeato, ni rastros de movimientos sospechosos de animales. La denuncia carecía de base.

Con esta constatación, los investigadores enfocaron la pesquisa en otra dirección. La falsa acusación funcionaba como una cortina de humo para operaciones de contrabando que movilizaban ganado en volúmenes considerables y generaban ganancias significativas.

La estrategia delictiva resultaba sofisticada. Presentar una denuncia de robo legitimaba ciertos movimientos de hacienda que en realidad respondían a actividades ilegales. La burocracia administrativa generada por la denuncia proporcionaba el marco de impunidad necesario para ejecutar el contrabando.

La investigación combinó recursos tecnológicos con procedimientos judiciales convencionales. Los drones capturaron evidencia visual de ausencia de delito, mientras que los inspectores judiciales validaron esa información en el terreno. Ambas líneas convergieron en la mismo conclusión: la denuncia era completamente falsa y se había formulado con propósitos delictivos específicos.

Imagen: Josué Rodríguez / Pexels – Con informacion de Perfil