El tribunal analizará la cláusula de la Constitución formoseña que podría habilitar al gobernador a competir nuevamente en 2027. La discusión se produce después de que la Corte declarara inconstitucional el régimen que permitía la reelección indefinida.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir en el conflicto por una eventual nueva candidatura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien ocupa el cargo de manera consecutiva desde 1995. El máximo tribunal declaró su competencia originaria ante una demanda presentada por la Confederación Frente Amplio Formoseño.

El planteo cuestiona la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución provincial, incorporada durante la última reforma. La disposición establece que el mandato que se encontraba en curso al momento de sancionarse la modificación debe computarse como el primero, lo que podría habilitar a Insfrán a presentarse nuevamente para el período 2027-2031.

La controversia tiene como antecedente una decisión de la propia Corte. En diciembre de 2024, el tribunal declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña, que permitía la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador, al considerar que resultaba incompatible con principios establecidos en la Constitución Nacional.

Tras ese fallo, Formosa reformó su Constitución y estableció un límite de una reelección para gobernador y vicegobernador. Sin embargo, incorporó la cláusula transitoria que considera como primer mandato el que las actuales autoridades estaban ejerciendo al momento de la reforma. La oposición sostiene que esta disposición permitiría a Insfrán buscar una novena elección como gobernador.

Los demandantes argumentaron que la cláusula contradice el principio republicano y el precedente establecido por el máximo tribunal. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte asumió la causa y dispuso correr traslado de la demanda a la provincia de Formosa, que tendrá 60 días para responder.

A partir de esta intervención, será la Corte Suprema la que deberá determinar si la cláusula incorporada en la reforma constitucional es compatible con los límites establecidos previamente por el propio tribunal y, en consecuencia, si Insfrán puede volver a competir por la gobernación en 2027.