La Ley 27.801 reemplazó el régimen vigente desde 1980 y redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Los adolescentes podrán ser juzgados y condenados, con penas de hasta 15 años para los delitos más graves. La reforma también incorpora monitoreo electrónico, penas alternativas y mayor participación de las víctimas durante el proceso judicial.

Desde el 5 de septiembre rige en el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce cambios sustanciales en el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes y reemplaza el sistema que estaba vigente desde 1980.

La principal modificación es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A partir de esa edad, los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal podrán ser sometidos a un proceso judicial, juzgados y condenados bajo las condiciones específicas establecidas por la nueva normativa.

El régimen establece un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad y prohíbe expresamente la prisión o reclusión perpetua. Los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de los adultos.

La reforma también establece que la prisión no será automática. Para determinados casos se contemplan sanciones alternativas, como la reparación del daño causado a la víctima, restricciones de acercamiento, reglas de conducta y participación en actividades educativas y comunitarias.

Otra de las novedades es la incorporación del monitoreo electrónico para controlar el cumplimiento de determinadas sanciones. También se crea la figura de un supervisor especializado, encargado del seguimiento y asistencia de los adolescentes que reciban penas alternativas.

La Ley 27.801 también fortalece la participación de las víctimas, que tendrán derecho a intervenir y mantenerse informadas durante el proceso judicial. A su vez, mantiene la prohibición de difundir datos o imágenes que permitan identificar a los adolescentes imputados.

Con su entrada en vigencia, Argentina deja atrás un régimen de más de cuatro décadas e implementa un nuevo esquema que amplía la responsabilidad penal desde los 14 años y establece nuevas herramientas de sanción, seguimiento y control.