Durante la gestión anterior, Defensa impulsó un Plan Integral de Políticas de Género con capacitaciones y acciones institucionales. La Ley Malvinas plantea otro conjunto de medidas: endurece las sanciones por actividades no autorizadas vinculadas a las islas e incorpora multas, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años, además de nuevas herramientas para el control de buques.

La agenda de Defensa presenta un cambio de prioridades entre ambas gestiones. Entre 2021 y 2023, el Ministerio de Defensa implementó un Plan Integral de Políticas de Género orientado a incorporar esa perspectiva en los distintos niveles de las Fuerzas Armadas, con capacitaciones, estructuras institucionales, seguimiento de la carrera de las mujeres militares y acciones de prevención de la violencia.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviada ahora al Congreso coloca el foco en otro conjunto de herramientas. El proyecto amplía el régimen vigente contra las actividades realizadas sin autorización argentina en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, incluyendo la explotación de recursos renovables y no renovables.

Uno de los ejes centrales es aumentar las consecuencias para quienes participen de esas operaciones. La iniciativa contempla multas calculadas sobre el valor de barriles de petróleo, pérdida o suspensión de habilitaciones, restricciones para desarrollar actividades económicas en la Argentina e inhabilitaciones que pueden alcanzar los 20 años. Para determinadas conductas también establece penas de hasta 20 años de prisión.

El alcance no queda limitado a las empresas que exploten directamente los recursos. También pueden quedar comprendidos accionistas, controlantes y quienes aporten servicios financieros, logísticos, técnicos o de consultoría esenciales para las operaciones, ampliando así la cadena de responsabilidades prevista por el régimen.

La propuesta suma además herramientas para la protección marítima, con procedimientos de identificación, detención e inspección de embarcaciones y reglas para el empleo gradual de la fuerza. De esta manera, la actual agenda combina sanciones económicas y penales con instrumentos de control operativo frente a actividades y amenazas vinculadas con la soberanía argentina.