En el marco de una investigación contra la explotación laboral, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal de origen asiático que captaba personas en Santa Fe mediante falsas ofertas de trabajo y las trasladaba a establecimientos rurales de Pilar, provincia de Buenos Aires. Las víctimas eran despojadas de sus documentos, sometidas a jornadas de trabajo extenuantes y amenazadas con armas de fuego.

El operativo incluyó allanamientos en Buenos Aires y Santa Fe, donde fueron detenidos nueve presuntos integrantes de la organización, entre ellos el señalado como responsable de captar a las víctimas. Además del rescate de cuatro ciudadanos argentinos, los efectivos secuestraron armas de fuego, vehículos, documentación y más de 20 millones de pesos y 21.000 dólares en efectivo.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal presuntamente dedicada a la explotación laboral en establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires. El procedimiento, denominado “Asia la Cárcel”, terminó con cuatro víctimas rescatadas y nueve personas detenidas, entre ellas el presunto responsable de captar a los trabajadores.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) a través de la Línea 145. La información alertaba sobre la posible existencia de personas sometidas a trabajos forzados en un establecimiento rural de la localidad bonaerense de Pilar.

A partir de esa denuncia, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, ordenó investigar el caso. Las tareas de campo y el análisis de información permitieron identificar una estructura integrada mayoritariamente por ciudadanos de nacionalidad china, cuyos miembros cumplían distintas funciones dentro de la organización.

Según la investigación, las víctimas eran captadas en Santa Fe mediante ofertas de trabajo falsas. Posteriormente, eran trasladadas a la provincia de Buenos Aires y alojadas en viviendas extremadamente precarias, donde debían realizar tareas físicas extenuantes vinculadas con la cosecha y producción de hortalizas.

Los investigadores también establecieron que, al llegar al establecimiento, los trabajadores eran despojados de sus documentos personales y sometidos a amenazas con armas de fuego. Estas condiciones formaban parte de las maniobras de sometimiento investigadas por la Justicia Federal.

Con las pruebas reunidas, se ordenó un allanamiento en un predio rural ubicado sobre la calle El Pial, en Pilar. Allí, los efectivos lograron rescatar a cuatro ciudadanos argentinos y detener a ocho sospechosos: seis hombres y dos mujeres. Según la información oficial, los implicados intentaron escapar por la parte posterior del establecimiento cuando advirtieron la presencia policial.

Durante el procedimiento, la PFA secuestró una escopeta, dos revólveres, municiones y un rifle de aire comprimido. También incautó una camioneta presuntamente utilizada para trasladar a las víctimas, USD 21.000, más de $20 millones, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

La investigación continuó en la localidad santafesina de Antonio Obligado, donde los agentes localizaron el domicilio desde el cual se habrían organizado las tareas de captación. Allí fue detenido un ciudadano taiwanés señalado como el presunto captador de las víctimas, con lo que el número total de arrestados ascendió a nueve.

Las cuatro personas rescatadas recibieron asistencia y contención de profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Los nueve detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusados del delito de trata de personas.

El operativo permitió interrumpir las actividades de la presunta organización y rescatar a las víctimas de las condiciones de explotación denunciadas. La investigación se suma a los procedimientos de las fuerzas federales destinados a combatir la trata de personas y detectar redes que utilizan falsas promesas laborales para captar trabajadores.

Ante cualquier sospecha de trata de personas o explotación laboral, se puede denunciar de manera gratuita y anónima a la Línea 145, disponible las 24 horas, todos los días del año y en todo el territorio nacional.