El gobierno reconoció públicamente su fracaso en el intento de desregular completamente a los prácticos. Luego de que medidas de fuerza del sector generaran una paralización total en los principales puertos, la administración no tuvo alternativa que reversar su propósito inicial y abrir negociaciones.

Los prácticos, profesionales fundamentales en las operaciones portuarias, ejercieron presión efectiva a través de la paralización de actividades. El cierre de los principales puertos demostró que cualquier reforma en este sector requiere necesariamente de acuerdo previo con quienes lo integran.

Las negociaciones posteriores al conflicto arrojaron un resultado concreto: una reducción de tarifas del 20% a favor del sector de los prácticos. Aunque la administración caracteriza este desenlace como una derrota para su proyecto de desregulación, el acuerdo establece nuevas condiciones para la operativa portuaria.

Además de la rebaja tarifaria, el gobierno dispuso la constitución de una mesa de trabajo. Este espacio institucional servirá para futuras negociaciones y busca evitar nuevos conflictos entre la administración y el sector de prácticos.

La resolución del conflicto marca un punto de giro en la política desreguladora del gobierno, al menos en lo que respecta al sector portuario. La experiencia evidencia que algunos sectores mantienen suficiente poder de movilización como para condicionar decisiones de política pública de la administración.

Imagen: David Vives / Unsplash – Con informacion de Bichos del Campo