El Estado está utilizando fondos asignados legalmente para prevención de inundaciones como mecanismo de financiamiento del Tesoro, generando un escenario donde existe dinero disponible pero no se ejecutan las obras de contención hídrica que la ley ordena.

El análisis de la situación es directo: hay superávit presupuestario en ciertos rubros, pero ese superávit se construye desviando recursos de su destino original. El déficit que realmente importa no es el fiscal general, sino el de infraestructura preventiva que permanece sin realizarse.

Poblaciones vulnerables a inundaciones se ven afectadas por esta decisión administrativa. El dinero que debería protegerlas mediante obras de contención hídrica termina financiando otras arcas del Estado, mientras los riesgos hidrológicos continúan latentes.

La raíz del problema es la ausencia de voluntad política para ejecutar conforme a lo prescrito legalmente. Los fondos especiales están diseñados precisamente para evitar estos desvíos, para garantizar que determinados recursos se destinen a objetivos específicos. Cuando eso no ocurre, el mecanismo de protección falla.

Lo que se observa es un déficit administrativo y político, no económico. La capacidad de invertir existe; lo que falta es la decisión de hacerlo en las áreas donde la ley lo ordena. Esta brecha entre norma y realidad socava la confianza en las instituciones responsables de proteger al ciudadano.

Resolver esta situación demanda cambios en las prioridades de gasto público y compromisos firmes de que los fondos especiales cumplan efectivamente su función preventiva.

Imagen: Mediamodifier / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural