Francisco Paoltroni, legislador de La Libertad Avanza, demandó que el Presidente ratifique la designación de Michelli como funcionaria. El senador marcó que en la Cámara Alta se ejecutó el procedimiento de manera correcta y que el expediente no recibió ninguna impugnación durante su análisis.

La solicitud ocurre en un contexto de tensiones manifiestas entre sectores del Gobierno. Se prevé que el Ejecutivo rechace la confirmación de Michelli en un Tribunal de La Plata, lo que contrastaría con la postura favorable del Senado.

El conflicto ilustra cómo incluso dentro de la misma fuerza política existen posiciones divergentes sobre procedimientos fundamentales. Mientras que algunos senadores insisten en que se cumplió correctamente con los requisitos, desde la Presidencia parece haber una orientación opuesta.

Paoltroni enfatizó que no hay razones técnicas para rechazar lo decidido legislativamente. El pliego fue tramitado sin irregularidades, ningún sector lo impugnó y la votación en el Senado avaló el nombramiento. Bajo esa lógica, la firma presidencial sería un mero trámite formal.

Sin embargo, la realidad institucional sugiere que la Presidencia ve las cosas de otra manera. La expectativa de que Milei no valide el nombramiento indica que hay criterios diversos sobre qué significa cumplir con los procedimientos y quién tiene la última palabra en estas decisiones.

Este tipo de desajustes entre poderes erosiona la claridad institucional. Cuando el Legislativo y el Ejecutivo no están alineados, los funcionarios terminan en una posición frágil, sin certeza sobre su legitimidad real. El caso de Michelli se convierte en un símbolo de cómo la coalición gobernante enfrenta dificultades para actuar de forma unificada en temas críticos de designación y continuidad administrativa.

Imagen: Ave Calvar Martinez / Pexels – Con informacion de TN